Conscientes de que el evangelio y los episodios violentos de la Revolución se escribieron principalmente en las provincias de México, sabedores de que es en el campo, habitado por las dos terceras partes de nuestra población, con ínfima percepción del ingreso nacional, donde más faltan por cumplirse los principios reivindicadores de nuestro movimiento social, el Congreso de la Unión simpatiza con la política agraria de la Administración que, al expropiar y repartir viejos latifundios, algunos como el de Cananea, enquistados contra la Ley en zonas prohibidas del territorio nacional, satisface el anhelo de desconcentrar la propiedad rural y de entregarla, en gran acto de justicia histórica, a quienes la trabajan: los campesinos desposeídos de México.
En el citado documento, el Gobierno de la Gran Bretaña declaró enfáticamente que no discutía el derecho general de un Gobierno para expropiar por causa de utilidad pública y con pago de la compensación adecuada, y sin embargo de tal afirmación, a renglón seguido no sólo discutía el derecho ejercitado en el caso por nuestro país, sino que declaraba esencialmente arbitraria la media.
Asentí con él expresándole que México no esperaba explicaciones sobre el incidente, tanto más que consideraba que Inglaterra convenía ya en el derecho que asiste a México para expropiar.
Todo Estado deberá, teniendo en cuenta plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados en el ejercicio del derecho a que se refiere este inciso; c) nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente.
"En México no se expropia por expropiar", señaló el Presidente de México, fue la falta de solidaridad ante la crisis, el grave riesgo que sufría la planta productiva, los empleos y los mismos ahorros de quienes tienen su dinero en nuestro país lo que decidió al presente régimen a tomar esta revolucionaria decisión, que termina de una vez por todas con especulaciones y fuga de divisas.
Y es oportuno confirmar el amplio apoyo, solidaridad y respaldo que el pueblo de México prestó y otorga a la patriótica medida tomada, al expropiar la industria petrolera como consecuencia de la rebeldía de las compañías a acatar los fallos legítimos de nuestros Tribunales y a la airosa levantada actitud del Gobierno, al rechazar la proposición de someter a arbitraje internacional una cuestión, que como la planteada con motivo de la expropiación, corresponde resolver de modo exclusivo a nuestro sistema jurídico interior, pues ese medio, el del arbitraje internacional, resultaba altamente lascivo de nuestra soberanía y de nuestra calidad de pueblo libre.
También hemos tenido que tratar con aquel Gobierno el caso análogo de las expropiaciones agrarias, y lo esencial de la negociación giró entonces en torno al monto y procedimiento de pago de las indemnizaciones debidas, mismas que resultan de nuestras propias leyes, habiéndose llegado a un arreglo razonable que se está cumpliendo normalmente, sin que nunca se pusiera en duda la legitimidad del principio de nuestro derecho a expropiar.
Importa, además, advertir que, en el presente conflicto, ni siquiera ha aplicado el Gobierno mexicano doctrinas singulares, sino que se ha regido por los preceptos que el Derecho establece y todo el mundo civilizado reconoce. Nadie, en buena doctrina, puede discutir el principio que faculta al Estado a expropiar por causa de utilidad pública.
Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en tecnología, el transporte externo, etc.
Para ello debe asegurarse que el Estado podrá sólo expropiar en virtud de una efectiva necesidad de bien común, indemnizando al afectado en forma justa y oportuna.
A fin de expropiar a los agricultores no es preciso echarlos de sus tierras, como se hace en Inglaterra y otros países; tampoco hay necesidad de abolir la propiedad común mediante un ukase .
¡A la lucha!; a expropiar con la idea del beneficio para todos y no para unos cuantos, que esta guerra no es una guerra de bandidos, sino de hombres y mujeres que desean que todos sean hermanos y gocen, como tales, de los bienes que nos brinda la naturaleza y el brazo y la inteligencia del hombre han creado, con la única condición de dedicarse cada quien a un trabajo verdaderamente útil.
