El 25 de febrero, la reunión entre el ministro del ramo y los representantes sindicales para desconvocar la huelga fracasó por la intransigencia del sindicato pangermano; el ministro decidió, con la aquiescencia de sus colegas de gabinete, amenazar con la aplicación de un decreto imperial de 1914 que castigaba a los huelguistas con penas de prisión.
Tres horas después presidía en el Palacio de El Pardo el habitual consejo de ministros de los viernes que se había negado a desconvocar para dar una imagen de normalidad y «que el país no se alarme».
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