PGR

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PGR

SF ABR (Méx) =Procuraduría General de la República
Ejemplos ?
El jueves 20 de enero de 2011 fue detenido por autoridades migratorias de El Paso, Texas. Fue deportado a México y entregado a la PGR, en cumpliendo a una orden de aprensión emitida en su contra.
Por ser uno de los más buscados, el gobierno de México mediante la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos, y el gobierno estadounidense 7 millones de dólares, a quien proporcione información valiosa para la ubicación y detención de Joaquín Guzmán Loera, Juan José Esparragoza Moreno e Ismael Zambada García.
De la Policía Federal, están la Estación Mexicali, Subestación San Felipe y Estación Aeropuerto de Mexicali. Por parte de la PGR, esta la Subdelegación Estatal Zona Mexicali.
Esta acción, en parte, dio pauta a que el 4 de mayo la PGR pudiera cambiar su posición inicial para acabar concluyendo que "a pesar de que está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en el delito que se le atribuye, actualmente no se tiene una pena exactamente aplicable al caso", hecho que cerró el expediente.
Como preámbulo al cambio de posición de la PGR, el 27 de abril el vocero presidencial, Rubén Aguilar, planteó por primera vez la necesidad de dar una salida política al conflicto.
El subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, declaró en julio de 2013 que se habían practicado más de 50 diligencias en una nueva línea de investigación, motivo por el que se inició otra averiguación previa el 23 de abril de 2013 en la que Eduardo Bours estaría involucrado.
Dentro de estas líneas de investigación, las pruebas aportadas por medio de testimonios de presuntos testigos implicarían a funcionarios estatales con el incendio; sin embargo, según agentes del Ministerio Público Federal de la PGR, los testimonios "fueron considerados insuficientes para efectos de imputar algún delito al señor Bours”, por motivo de ausencia de pruebas que pudieran apoyar los testimonios, además de ciertas inconsistencias y contradicciones en las declaraciones dadas por los testigos en diferentes interrogatorios.
González Fernández desde un inicio fue identificado como uno de los personajes más cercanos al presidente Zedillo -gracias a su amistad con el secretario particular del mandatario, Liébano Sáenz-, lo cual le permitió figurar en diversos cargos públicos, aunque su carrera política comienza a prosperar en el Gobierno Federal años atrás dentro de la Secretaría de Salud, primero como Oficial Mayor y luego como Subsecretario de Regulación Sanitaria, y al lado del ex procurador Sergio García Ramírez, fungiendo como agregado en Washington de la PGR y, tiempo después, como diputado federal priísta y secretario de la otrora Gran Comisión de la Cámara Baja, así como colaborador del entonces líder nacional del PRI, Fernando Ortiz Arana.
Tras ello se reveló que la entonces subsecretaria Purificación Carpinteyro fue quien tenía las conversaciones, mientras ella alegó que las había recibido del presidente de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna, quien después lo negaría. Carpinteyro fue destituida del cargo y denunciada por Luis Téllez ante la PGR.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR). Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar y sancionar a los funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que en diciembre pasado permitieron manipular un operativo de captura de una banda de presuntos secuestradores, entre quienes figura una ciudadana francesa, porque acciones como ésa desacreditan la labor policial, coincidieron jueces y magistrados federales en materia penal.
El 19 de agosto de 2015 El INAI ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versión pública de las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, en las cuales se consignó por el delito de genocidio a varias personas, incluido al ex presidente Luis Echeverría Álvarez.