Constitución de 1931

Constitución de 1931

 
hist. Constitución aprobada por las Cortes de la Segunda República española el 9 de diciembre de 1931. Reconocía todos los derechos y las libertades democráticas que se extendían al ámbito de la familia y del matrimonio (voto femenino), al área de la cultura y a la esfera de la economía donde se reconocía la propiedad privada. Permitía la concesión de estatutos de autonomía.
Ejemplos ?
Con posterioridad, su singularidad fue de nuevo reconocida en el Proyecto de Estatuto Regional para Asturias, redactado en tiempos de la II República bajo el amparo del artículo 1 de la Constitución de 1931, aunque dicho proyecto no alcanzaría tampoco la aprobación necesaria.
Durante el debate de totalidad del proyecto de Constitución de 1931, el portavoz de la Federación Republicana Gallega Roberto Novoa Santos apoyó la propuesta de Estado integral que reconocía las "regiones autónomas", a la que denominó "República integral y pluritaria", y que tenía que ser la superación del choque de dos voluntades: la de las "regionalidades sic que afirman su personalidad bien destacada y que ansían un régimen federativo", entre las que incluye a Cataluña, Vasconia y Galicia, a la que considera "cuasi una nacionalidad", y "la voluntad de resistencia de aquellos territorios que han ejercido la hegemonía política y cultural y administrativa en toda la órbita del viejo Estado español".
Fue durante los años de la República cuando se plantearon los primeras iniciativas autonomistas, sustentadas en las posibilidades descentralizadoras que auspiciaba la Constitución de 1931.
Un mes antes se había aprobado la Constitución de 1931, se había nombrado a Niceto Alcalá Zamora Presidente de la Segunda República Española y el día 15 de diciembre Manuel Azaña había formado su segundo gobierno de coalición republicano-socialista.
El Gobierno se fue inclinando hacia la izquierda, representado en el republicanismo de Manuel Azaña, postura que claramente se reflejó en la redacción de la Constitución de 1931, convocando elecciones el 28 de junio.
No obstante, hasta la proclamación de la Segunda República y la promulgación de la Constitución de 1931, no se abrió la posibilidad legal de conceder cierta autonomía política a las regiones españolas, centrada inicialmente, y según lo acordado en el Pacto de San Sebastián, en el caso catalán.
El denominado problema militar fue uno de los que afrontó la Segunda República desde su inicio. La Constitución de 1931 excluía a los militares de cargos políticos.
Sri Lanka: 1931 Turquía: 1931 Japón: 1945 Israel: 1948 India: 1950 (como parte de su constitución) Malasia: 1955 Nueva Zelanda: 1893 (primer país del mundo en otorgar el sufragio universal) Australia: 1962 (previamente no otorgado a los aborígenes australianos a nivel federal) Sudáfrica: 1994 Finlandia: 1906 (en las elecciones locales: 1917) Noruega: 1913 Dinamarca: 1915 (con Islandia) Rusia: 1917 Austria: 1918 República Checa: 1918 Eslovaquia: 1918 Estonia: 1918 Hungría: 1918 Alemania: 1919 Revocado durante la Alemania nazi (1933-1945) Luxemburgo: 1919 Países Bajos: 1919 Polonia: 1919 Suecia: 1921 Irlanda: 1922 Lituania: 1922 Rumanía: 1923 Reino Unido: 1928 España: 1931 - Constitución de 1931...
La ponencia realizó sus trabajos bajo la confidencialidad más estricta, a resguardo de la vista del público —al contrario de los sucedido con la Constitución de 1931—, lo que facilitó que se produjeran concesiones mutuas entre los diversos partidos para llegar a un texto constitucional que satisficiera a todos.
El proyecto de estatuto para Cataluña, llamado Estatuto de Nuria fue refrendado el 3 de agosto por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría, pero respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que se había aprobado en la Constitución de 1931 (ya que el "Estado integral" respondía a una concepción unitaria, no federal), aunque condicionó los debates parlamentarios del “Estado integral” que finalmente se aprobó.
Esta política contradictoria de la República respecto del orden público culminó con la aprobación por las Cortes Constituyentes de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931 que dotó al Gobierno Provisional de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra los que cometieran “actos de agresión contra la República”, constituyéndose, incluso después de la aprobación de la Constitución de 1931, en “la norma fundamental en la configuración del régimen jurídico de las libertades públicas durante casi dos años de régimen republicano” en que estuvo vigente (hasta agosto de 1933).
Pero en septiembre de 1942 el PCE dio un nuevo giro a su política al hacer público un manifiesto en el que ya no se mencionaba ni al gobierno de Juan Negrín ni a la Constitución de 1931 y en su lugar se proponía la celebración de «elecciones democráticas» para constituir una «asamblea constituyente que elabore la carta constitucional que garantice la libertad, la independencia y la prosperidad de España».